Crisis, Crisis, Crisis, esta palabra tiene en la actualidad un peso como no lo había tenido en muchos años, la utilizan los organismos económicos internacionales para dirigir nuestros gobiernos a la reducción del gasto público, y la emplean nuestros gobiernos para camuflar bajo un discurso de austeridad el ataque hacia nuestros derechos sociales.
Crisis debería ser un reto para cambiar de modelo productivo y encaminarnos hacia una sociedad más igualitaria en la distribución de rentas, pero se convierte en gran excusa para hacer nuevos negocios.
Con la mayor parte de la ciudadanía en contra, del Gobierno de la Generalitat ha decidido reducir un 10% el gasto público para 2011, que implica un recorte directo a nuestro estado de bienestar y, en consecuencia, una disminución de la capacidad redistribuidora del Gobierno. Con esta decisión, se pretende ahorrar 4.900 millones de euros en un año, porque en 365 días quieren reducir el déficit desde el 3,9% del PIB de 2010 hasta el 1,3% del PIB de 2011. Ni se puede decir de prisa: cuatro mil novecientos millones de euros, más o menos una séptima parte del gasto en protección social en Cataluña. Mucho dinero que se dejarán de dedicar a las infraestructuras y servicios sanitarios, de atención a la dependencia, educativos y sociales, y si no se destinan recursos hacia los servicios públicos en general, estos servicios tenderán a ser insuficiente y peores.
Con las tasas de paro más altas, se producirá la congestión más importante de los servicios públicos de empleo: norenovarán los 150 orientadores / as profesionales, se reducirán los presupuestos propios del SOC dirigidos a políticas activas de empleo y se eliminaran las ayudas a los emprendedores.
Esta crisis ha evidenciado aún más los déficits que tenemos en formación y cualificación profesional, las carencias de nuestro sistema educativo son indiscutibles y es urgente hacer una verdadera inversión en educación: en Cataluña se destina el 3,3% del PIB a las políticas educativas, ante el 5,1% del PIB de media de la Europa-15. Con el recorte ampliaremos esta diferencia en contra nuestra: institutos, escuelas y guarderías deberán recortar un 20% su presupuesto, se reducirá la oferta académica universitaria y la financiación de las universidades públicas lo hará entorno al 10%.
El recorte en salud del 10% supondrá una reducción de gasto de más de 1.000 millones de euros tan sólo un año. Este recorte no tendrá sólo efectos perversos sobre la calidad de los servicios públicos y la salud de la ciudadanía, sino que hipotecará el futuro de desarrollo e innovación que aporta la sanidad al conjunto de la economía catalana. Recortes que también se harán en infraestructuras, movilidad, igualdad, justicia, cultura y otros programas.
Detrás de cada recorte social se esconde un nuevo intento de privatización de los servicios públicos Si defiende una reducción de la deuda pública y no satisface las necesidades sociales, el Gobierno de la Generalitat nos está empujando a conseguir estos servicios en la oferta privada, que serán más caros y que posiblemente nos harán endeudarse más.
UGT-CATALUNYA
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